El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha vivido una de esas jornadas en las que el futuro de Europa se condensó en unas pocas horas de debate intenso. Sobre la mesa, una crisis inédita: el presunto secuestro de Elon Musk por parte de Francia, la caída mundial de Grok, la IA más utilizada del planeta, y una pregunta de fondo que atravesó todas las intervenciones: ¿debe Europa seguir dependiendo de la inteligencia artificial extranjera o apostar, de una vez por todas, por desarrollar la suya propia bajo estándares y valores europeos? ¿y qué hay de sus fuentes de energéticas?

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Al principio del día, Francia admitió el secuestro de Musk y lo tildó abiertamente de fascista, justificando su actuación como una forma de frenar la hegemonía tecnológica estadounidense y de abrir espacio para una inteligencia artificial europea, alineada con los principios y valores del continente. A partir de ahí, el papel del BEI paso de ser el de un banco al posible arquitecto financiero de una nueva soberanía digital.

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En este contexto, se desarrollaron tres bloques: un grupo claramente proeuropeo incluyendo a Luxemburgo, Francia, Austria, Dinamarca y Bélgica, defendieron que la única salida sostenible pasaba por financiar una IA desarrollada en Europa, con microchips producidos en territorio comunitario y cadenas de valor controladas internamente; un segundo bloque, liderado por Polonia, abogó por acercarse a China, donde la IA ya se encuentra en un estado avanzado de desarrollo; y un tercer bloque, encabezado por Irlanda y con un apoyo decisivo de Eslovaquia, los cuales preferían volver a la IA estadounidense, liberando a Musk y tratando de modularla mediante reglas propias.

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Asimismo, las posiciones se fueron matizando. Irlanda subrayó la dependencia económica y tecnológica de su país respecto a empresas estadounidenses y consideró poco realista pensar en una IA plenamente europea sin colaboración con Estados Unidos, al tiempo que reclamaba la liberación de Musk pese a sus ideas controvertidas. Eslovaquia, por su parte, insistió en que el secuestro era antiético y defendió un enfoque pragmático: aprovechar la IA ya existente, es decir la estadounidense, sometiéndola a restricciones y estándares europeos que protegieran a la ciudadanía europea y su integridad.

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Frente a la propuesta de Polonia de sugerir una IA “euro-china” como herramienta contra los EE. UU., Bélgica afirmó que esto “es cambiar de dueño” de Estados Unidos a China. Además, reclamó que el BEI financiara la creación de una IA europea con valores europeos, apoyándose en la capacidad tecnológica ya existente, como la del centro IMEC, y en infraestructuras de alto riesgo (first of a kind facilities) que la banca privada se resiste a respaldar. Dinamarca se sumó a este enfoque, señalando que la IA es “un arma más en el mundo actual”. Luxemburgo, a través de un punto de vista estratégico, propuso que el BEI destinara hasta setenta mil millones de euros para cubrir la cadena de valor de la IA, reduciendo la vulnerabilidad de Europa tanto frente a Estados Unidos como frente a China, mientras Francia reforzó esta idea recordando que no bastará con un buen software y que, sin microchips y componentes fabricados en territorio europeo, hablar de independencia digital sería un gesto vacío. Pese a la dureza de algunos cruces –especialmente cuando Eslovaquia acusó a Francia de hipocresía por justificar un secuestro en nombre de una supuesta ética–, el debate fue convergiendo hacia un compromiso en torno a la IA europea.

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El BEI abrió un segundo gran debate centrado en la energía, donde Luxemburgo defendió que el banco sea motor de proyectos verdes e independencia energética, frente a la posición de Polonia, que reivindicó la nuclear junto a la eólica como opción limpia en combinación con otras tecnologías. La discusión giró en torno a qué fuentes debía priorizar la financiación: Luxemburgo y otros países apostaron por renovables y REPpower, mientras Eslovaquia reclamó incluir la nuclear por las limitaciones geográficas de algunos Estados, y Bélgica propuso “islas energéticas naturales” como grandes “enchufes” marinos, iniciativa que fue recibida con escepticismo por su coste y viabilidad.​

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Irlanda apoyó financiar decididamente las renovables, pero pidió no excluir la nuclear; Francia se situó en un término medio, preocupada por la seguridad de cables submarinos, y Dinamarca puso el foco en el problema de los residuos radiactivos y en la justicia a largo plazo del modelo. Eslovaquia defendió que ya existen medidas de seguridad y criticó la excesiva dependencia de renovables, mientras Francia destacó el reciclaje de residuos nucleares y la necesidad de reducir la dependencia del uranio importado; Luxemburgo alertó del riesgo de un “segundo Chernóbil”, frente a una Polonia que consideró ese escenario improbable bajo la regulación europea y pidió confiar en la nuclear.

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El debate terminó centrado en la financiación: Polonia propuso legalizar y apoyar la nuclear donde hubiera voluntad política, Bélgica replicó con argumentos ambientales, Dinamarca sugirió crear fondos específicos para la eólica y dejar que el nuclear avance solo donde exista consenso, y Luxemburgo defendió un marco común en el que ningún país pague por una energía que rechaza. Al cierre, emergió la imagen de una Europa en encrucijada que quiere usar al BEI como herramienta de autonomía: en IA, impulsando un modelo propio bajo estándares europeos, y en energía, intentando definir una transición que combine seguridad, sostenibilidad y soberanía sin renunciar ni a la innovación ni a la protección de la ciudadanía.