En el último día de sesiones en el Banco Europeo de Inversiones los Estados miembros plasmaron en un anteproyecto de resolución lo que durante las jornadas se había defendido en el debate: la independencia estratégica de la Unión Europea en inteligencia artificial, energía y reindustrialización. Con Dinamarca y Francia de patrocinadores; y Bélgica, Eslovaquia, Irlanda, Luxemburgo y Polonia como firmantes; se llegó a un acuerdo que hace días no era tan claro.

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El punto principal de la resolución es la creación de “AInvest”, un fondo de inversión gestionado por el propio BEI al que cada Estado miembro destinará el 0,5% de su PIB para desarrollar una inteligencia artificial plenamente europea. El fondo se orienta a las empresas más rentables y solventes del sector, pero no se limita solo a la lógica del mercado, la IA financiada también deberá promover los valores de la Unión Europea; es decir, dignidad humana, democracia, estado de derecho e igualdad y cumplir estrictamente con el Reglamento General de Protección de Datos; con transparencia, supervisión humana y protección efectiva de los derechos fundamentales. La resolución reserva, además, partidas específicas para la IA biosanitaria y su investigación para el uso educativo y para la mejora de la industria nanotecnológica; incluyendo el desarrollo de microchips destinados a mega estructuras, lo que parece un movimiento claro para posicionarse en la batalla por el control de la cadena de valor tecnológica.

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Asu vez, el BEI autoriza la inversión del 0,2% del PIB de cada Estado para aumentar la independencia energética europea, con un 0,15% dirigido a las convocatorias Horizon Europe Energy Calls. Ese dinero servirá para desplegar infraestructuras de energía eólica, solar, hidráulica y mareomotriz, entre otras; y para impulsar iniciativas renovables innovadoras como las islas energéticas, elevadas ahora a categoría de opción financiable tras días de discusión. No obstante, la resolución reconoce que no todos los países pueden abastecerse solo con renovables y queda abierto a destinar parte de los fondos a la compra de energía a otros Estados miembros; introduciendo un mecanismo de solidaridad interna. El 0,05% restante se orienta al Fondo de Transición Justa, con el objetivo de amortiguar las consecuencias negativas de la transición ecológica en regiones y sectores especialmente expuestos. 

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También se discute la industria y el empleo. Se “promueve la reindustrialización europea” mediante una inversión adicional del 0,3% del PIB de cada estado, repartido a partes iguales entre Horizonte Europa y CIE Automotive. Horizonte Europa se refuerza como fondo de financiación de la investigación, especialmente en ámbitos sociales, mientras que la referencia a CIE Automotive da a ver la voluntad de transformar el sector automovilístico reduciendo su huella contaminante, en línea con las exigencias ambientales debatidas. Es decir, que se busca producir su propia tecnología, alimentar su economía con energía cada vez más limpia y sostener una base industrial menos dependiente y más alineada con los objetivos climáticos.

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Según lo anterior, se pueden ver los intereses de quienes han empujado esta resolución. Francia y Dinamarca exponen sus prioridades: soberanía tecnológica y energética, liderazgo en renovables y regulación estricta de la IA. Bélgica y Luxemburgo reconocen su papel en microchips, investigación y sector financiero; Irlanda consigue consolidar su condición de hub tecnológico bajo reglas europeas definidas; Eslovaquia gana margen de maniobra en el frente energético y respaldo para una industria del automóvil en plena transición; y Polonia se garantiza importantes flujos de inversión en IA, energía y reindustrialización sin abandonar sus inclinaciones pro nucleares. Esta resolución deja algo claro: Europa es consciente de sus debilidades; por eso, decide usar al Banco Europeo de Inversiones para dejar de lado la tecnología, energía e industria prestadas; aunque eso suponga nuevas tensiones sobre quién paga cuánto y quién gana más en el reparto.